¿Qué ha ocurrido?
Los drones sobre aeropuertos ya no son un fenómeno marginal, sino parte del día a día en materia de seguridad. Esto quedó especialmente patente en la tarde del 4 de agosto de 2026, cuando en el aeropuerto de Leipzig/Halle se descubrió un dron que, según la Oficina Criminal del estado de Sajonia, llevaba adosados explosivos de uso profesional y un detonador. Las operaciones de intervención e investigación se prolongaron hasta la madrugada del 5 de agosto. Hasta el momento no existe un informe final público y completo por parte de las autoridades investigadoras. El aeropuerto de Leipzig/Halle, como importante centro europeo de carga aérea y por los transportes internacionales que allí se gestionan, también reviste relevancia desde el punto de vista de la política de seguridad.
Carsten Feddern, director general del VfS, y el abogado Henry J. Bauer explican en conversación con Protector qué posibilidades técnicas existen para la detección y neutralización de drones, y qué marco jurídico rige para operadores y autoridades.
Los detalles
Según Feddern, el caso de Leipzig/Halle ha puesto de manifiesto un punto débil central: la seguridad aeroportuaria clásica está muy orientada al control de accesos de personas, equipajes y vehículos. Sin embargo, las pequeñas aeronaves pueden sobrevolar estas líneas de seguridad. Cuando los drones operan de forma autónoma, a través de redes móviles o con procedimientos de radio no catalogados, una vigilancia diseñada únicamente para detectar las señales típicas de radiocontrol puede resultar ineficaz.
Por ello, la agencia europea de aviación EASA califica los incidentes con drones en aeródromos como un desafío híbrido de seguridad operacional (safety) y seguridad física (security). No toda detección de un dron constituye un ataque: detrás puede haber desconocimiento, imprudencia, fallos técnicos, intenciones delictivas o labores de reconocimiento dirigidas por un Estado. La policía y los operadores deben distinguir estas categorías en cuestión de minutos, a veces de segundos.
Cinco pasos de una defensa antidrones profesional
Feddern describe un procedimiento de cinco etapas:
- Detección: ¿hay realmente un objeto en el espacio aéreo vigilado?
- Clasificación: ¿se trata de un dron, un ave, un helicóptero u otro objeto?
- Identificación: ¿el aparato está autorizado?, ¿se conocen el operador, el modelo o el Remote ID?
- Seguimiento: ¿hacia dónde se desplaza?, ¿qué bien protegido podría verse afectado?
- Neutralización: ¿qué medida es jurídicamente admisible, técnicamente adecuada y justificable para terceros no implicados?
Panorama de la sensórica técnica
Los sistemas de radar detectan y siguen objetos voladores físicos incluso sin señales de radio, y utilizan características de movimiento y de rotor para su clasificación. Siguen siendo difíciles de detectar los aparatos muy pequeños, que vuelan despacio o a baja altura, así como la distinción frente a las aves. El radar es valioso como sensor de largo alcance, pero resulta relativamente costoso.
Los sensores de radiofrecuencia (RF) buscan de forma pasiva señales de radiocontrol, telemetría y vídeo, y pueden determinar el tipo de dron cuando se conocen los protocolos, así como, con varios sensores, la dirección tanto de la aeronave como del punto de control. Su debilidad: los sistemas autónomos, silenciosos en radiofrecuencia o cifrados, así como las falsas alarmas provocadas por un espectro de radiofrecuencia muy saturado.
El Remote ID aporta información de registro y posición para los participantes cooperativos del tráfico aéreo, pero no permite visualizar de forma fiable los aparatos manipulados o que no emiten señal. Las cámaras de luz diurna y de imagen térmica proporcionan una confirmación visual importante, pero pierden eficacia con niebla, precipitaciones, contraluz u oscuridad, por lo que deberían orientarse automáticamente mediante datos de radar o de RF. Los sensores acústicos funcionan de forma pasiva, pero en los aeropuertos se ven muy afectados por aeronaves, vehículos y viento, por lo que resultan más adecuados como complemento.
Feddern subraya: ningún sensor individual cubre de forma fiable todas las amenazas y condiciones meteorológicas. Un sistema robusto combina radar, análisis de radiofrecuencia, Remote ID, sensores ópticos o térmicos y, si es necesario, sensores acústicos. Solo esta fusión de sensores genera una imagen conjunta de la situación aérea que respalda una decisión que las autoridades puedan utilizar.
Análisis
Para el sector de la videovigilancia y la seguridad, el caso de Leipzig/Halle demuestra que los conceptos clásicos de protección perimetral alcanzan sus límites en cuanto las amenazas proceden del aire. La combinación de varios tipos de sensores requiere un software que agregue las señales en tiempo y espacio, evite las notificaciones duplicadas y genere, para cada objetivo, una valoración de confianza comprensible.
Desde el punto de vista jurídico, la situación es compleja: Bauer señala cuatro principios de actuación en la neutralización: la interrupción de las conexiones de control o navegación, la toma de control controlada, la captura física o el desvío mediante drones interceptores o redes, y el daño o la destrucción como último recurso. Cada método tiene efectos colaterales: un aparato perturbado puede estrellarse, la toma de control no funciona con todos los protocolos, y los medios cinéticos generan restos y riesgos para personas e instalaciones. Además, el uso activo de inhibidores de frecuencia requiere una autorización conforme al derecho de las telecomunicaciones.
Según Bauer, los operadores privados no deberían derivar, ni de la propiedad del terreno ni de la operación de un sistema de detección, ninguna facultad para interferir, tomar el control o destruir drones ajenos: existe el riesgo de incurrir en delitos, de vulnerar derechos de terceros y de asumir responsabilidades. Por ello, para los operadores el foco debe situarse en la detección, la documentación, la alerta, la protección de accesos y las medidas operativas preparadas de antemano.
También resulta central la Ley Marco sobre Infraestructuras Críticas (KRITIS-Dachgesetz): solo a partir de los reglamentos de desarrollo se sabrá qué obligaciones concretas de resiliencia deberán cumplir los operadores para protegerse frente a ataques con drones. La versión definitiva del primer reglamento KritisV aún no ha entrado en vigor, pero, según Bauer, los operadores de infraestructuras críticas hacen bien en ocuparse ya de ello. El modelo de resiliencia que de ahí resulte podría convertirse en un estándar reconocido, relevante también para aseguradoras y tribunales a la hora de valorar siniestros.
Consejos prácticos
De las explicaciones de Feddern y Bauer se pueden derivar las siguientes recomendaciones para aeropuertos e infraestructuras comparables:
- Implantar una fusión de sensores integral y específica para cada ubicación en lugar de soluciones basadas en un único sensor, ya que ningún sistema por sí solo cubre de forma fiable todas las amenazas y condiciones meteorológicas.
- Definir de antemano cadenas vinculantes de decisión y traspaso de competencias antes de que se produzca una alerta, para no perder tiempo en caso de emergencia.
- Probar los sistemas con tráfico real, en distintas condiciones meteorológicas y con aves, vehículos y drones autorizados, antes de ponerlos en funcionamiento.
- Orientar las cámaras, en la medida de lo posible, de forma automática hacia los objetivos detectados mediante datos de radar o de RF, para compensar el campo de visión limitado de la sensórica óptico-térmica.
- No adoptar medidas de neutralización por iniciativa propia contra drones sin comprobar previamente su admisibilidad jurídica en el caso concreto: la proporcionalidad, la necesidad y la adecuación resultan decisivas.
- Seguir de cerca la evolución de los estándares de neutralización en el marco de la Ley Marco sobre Infraestructuras Críticas e implementarlos con prontitud en la propia organización.
Perspectivas
Según Bauer, los acontecimientos del final del verano de 2025 —entre otros, los incidentes en Copenhague, en instalaciones de las Fuerzas Armadas alemanas y en aeropuertos— han impulsado un profundo proceso de reforma de las competencias estatales de neutralización, que se convirtió en un tema central en la Conferencia de Ministros del Interior federal del 5 de diciembre de 2025. A nivel estructural, está surgiendo el Centro Conjunto de Defensa Antidrones (GDAZ, por sus siglas en alemán); a nivel normativo, se están impulsando modificaciones en la Ley de Seguridad Aérea (LuftSiG), en la Ley de la Policía Federal (BPolG) y en los derechos de prevención de peligros de los estados federados.
Para las empresas privadas rigen, con independencia de ello, límites bastante más estrictos: en caso de adoptar medidas de neutralización por iniciativa propia, podrían incurrir, por ejemplo, en delitos de daños materiales, y en caso de daños colaterales, también en delitos de lesiones u homicidio, a lo que se suman posibles infracciones de la Ley de Telecomunicaciones o de la normativa de protección de datos. Un caso muy citado del Tribunal de lo Penal de Riesa, de 2019, en el que un particular fue absuelto del cargo de daños materiales por derribar el dron de un vecino, no puede trasladarse, según Bauer, al ámbito empresarial, ya que las empresas persiguen únicamente intereses económicos.
Queda por ver cuán sólidos resultarán finalmente los futuros estándares y qué obligaciones concretas se derivarán de la Ley Marco sobre Infraestructuras Críticas para los aeropuertos y otros operadores. No obstante, los responsables de seguridad hacen bien en seguir de cerca la evolución de los planes de resiliencia y los estándares de neutralización, para mantenerse al día tanto en el plano técnico como en el jurídico.
